En un momento donde toda la estructura del Estado está en debate, la Ley de Participación Popular cumple 13 años de vigencia, transformándose en una de las pocas polÃticas públicas nacionales de largo plazo y que en sus lÃneas generales es aceptada y apropiada en todo el territorio nacional. Motivos sobran. BastarÃa con indicar que antes de la promulgación de la Ley el 75% de la inversión pública se ejecutaba desde el gobierno central, hoy en dÃa el 75% de la inversión pública es administrada por los niveles subnacionales (Prefecturas y Municipios), es decir, Bolivia ha pasado de ser un paÃs altamente centralizado a uno donde los actores territoriales locales y departamentales tienen un rol definitivo en su propio desarrollo.
De igual manera la Ley permitió que 327 gobiernos municipales autónomos cuenten con recursos (antes solo 26 gobiernos municipales tenÃan ingresos); permitió el reconocimiento del estado a más de 20.000 comunidades indÃgenas, campesinas y juntas vecinales otorgándoles personalidad jurÃdica que las hagan sujetos de derecho; fomentó la inclusión social ya que hoy más del 59% de los municipes se reconocen como indÃgenas en el paÃs; institucionalizó la planificación participativa y reordenó el territorio nacional; empoderó a la sociedad civil a través de los comités de vigilancia y las OTB´s; transfirió el 20% de los ingresos de impuestos nacionales (coparticipación tributaria) de forma automática y per capita siendo la medida descentralizadora más radical de América Latina; sin mencionar que es una de las principales razones del porqué en un periodo de solo nueve años y en un contexto de crisis económica, la pobreza total se redujo desde el 70,9% al 58,6%, las carencias en servicios de agua y saneamiento aumentaron su cobertura en 17,9%, los indicadores en la educación mejoraron en 16,6 puntos porcentuales, la atención de salud aumentó su cobertura en 15,7%, entre otros indicadores.
En un paÃs donde la cultura polÃtica hace énfasis en los defectos, si logramos abrir el espÃritu podremos aprovechar iniciativas y procesos, que puestos en valor, nos orienten a la reformulación de un estado inclusivo, participativo, solidario, productivo, democrático y con visión nacional. En momentos de confusión generalizada se hace necesario rescatar la vocación universal que deben tener las polÃticas públicas, dejando de lado los particularismos y corporativismos que encasillan en categorÃas poco generosas al individuo. ¿Será posible?
Luego de 13 años de Participación Popular, una de las principales enseñanzas que nos deja, es la constatación empÃrica de que sà es posible realizar polÃticas de estado que sobreviven y se profundizan más allá de las coyunturas polÃticas, y por si fuera poco: mejoran la calidad de vida del ciudadano.
