El Congreso Nacional aprobó la “Ley de Referéndum Revocatorio”, mediante el cual se puede revocar el cargo al Presidente y Vicepresidente de la República, y a los Prefectos de los 9 Departamentos de Bolivia. La Ley propuesta por el partido del Presidente Morales, hecha a su medida, fue aprobada en el Senado Nacional con el apoyo del principal partido de oposición (PODEMOS). Puedo comprender (aunque no justificar la irresponsabilidad con el país) que el Partido del Presidente Evo Morales proponga una Ley que responda a sus intereses partidarios, pero me es incomprensible que el partido opositor que se opone a todo lo propuesto por el Gobierno, apoye una aberración de Ley como esta.
La Ley define las dos preguntas que serán sometidas a voto popular en el Referéndum Revocatorio, las mismas que textualmente dicen lo siguiente:
- Para el gobierno central: “¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el Presidente Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera?”
- Para los Prefectos: “¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del Prefecto del Departamento?”
¿Alguien puede argumentar que no existe un sesgo entre ambas preguntas? Mientras el Presidente y el Vicepresidente LIDERAN un PROCESO DE CAMBIO, los prefectos tienen POLÍTICAS, ACCIONES Y GESTIÓN. Es elemental suponer que una pregunta de consulta ciudadana a través de un referéndum no puede hacer juicios de valor.
Pero esto es solo el principio de esta tragicomedia. La Ley indica textualmente que para revocar el mandato se requiere “una votación superior al porcentaje de la votación obtenida en la última elección por la autoridad objeto de la revocatoria; y un número de votos superior al total obtenido en la última elección por la autoridad objeto de la revocatoria”.
Es decir, en el caso del Presidente y Vicepresidente para que dejen sus cargos el NO en el referéndum debe superar el 53,74% (1.5444.374 votos). Esto implica que es posible sacar una votación equivalente al 53% de los votos y ambos aún deben por mandato de Ley seguir en el Poder. Dicho de otra forma, es posible que la mayoría de la población boliviana no quiera la continuidad del Presidente Evo y el Vice Presidente García Linera, e igual se queden en el Poder: La dictadura de la minoría a favor del Presidente y Vice Presidente.
El caso más patético se puede dar con el Prefecto Paredes del Departamento de La Paz. La Ley establece que para su revocatoria el NO debe superar el 37,988% (361.055 votos). Es decir puede darse el caso donde más del 60% de los Paceños voten por el SI (y por lo tanto el 40% vote por el NO), pero igual tiene que irse. Visto de otra forma: se está obligando a que el Prefecto de La Paz tenga que sacar una votación a favor suya que supere el 62,012%. Nuevamente la dictadura de la minoría en contra del Prefecto. Esta misma lógica, con diferentes porcentajes, se aplica para todos los Prefectos.
No conozco caso en el derecho comparado de una situación donde en democracia la mayoría de la población se someta a la minoría. Ni siquiera Pinochet se animó a quedarse en el poder con una votación en su contra que superó el 51%.
Si bien las aberraciones siguen, por tiempo y espacio las dejaré para otro post, no sin antes terminar con la misma pregunta con la cual empecé: comprendo que los acólitos del Presidente propongan una Ley como está, pero ¿a que juega PODEMOS? ¿Será la unión de los dos únicos partidos tradicionales con poder de decisión política en el Parlamento buscando desplazar del escenario político a los Prefectos opositores que estorban a ambos en su proyecto de poder?
Deja Vu con los dos tercios.
